Cuando
diez o veinte años atrás una institución encargaba a un artista el retrato de
su presidente, la controversia solía estar en el nombre del pintor. Ahora lo
que se discute es el precio del encargo, y aún más: se pone en tela de juicio
el encargo mismo. Del debate artístico hemos pasado al debate del gasto.
Nuestras conversaciones ya no giran en torno a los nepotismos culturales sino
que hablamos de dispendios económicos. Estos días el Parlamento de Navarra ha
anunciado la ejecución del retrato de la última presidenta y eso ha encolerizado
a bastante gente. Son muchas las cosas que podrían hacerse con los seis mil
euros y pico a que asciende el encargo. Gastarlos a palo seco en un cuadro
puede resultar insultante si se mira con los ojos de un parado a fin de mes. Pero
de ahí al despilfarro hay un trecho. Todas las instituciones tienen su galería
de ilustres, que no la han interrumpido ni los episodios de corrupción ni las
caídas en desgracia ni los golpes de estado. Aunque conservan los resabios de
una vieja vanidad cortesana ya en desuso en otros órdenes de la vida, esta
clase de símbolos contribuye a su manera a sostener el edificio social. No
sería justo borrar de la memoria de la cámara a una representante democrática
solo porque su legislatura haya coincidido con un tiempo de vacas flacas. Como
apaño de circunstancias algunos han propuesto la alternativa del fotomatón, o
el regateo con el pintor para conseguir un precio de saldo, o incluso el
concurso entre jóvenes artistas para adjudicarlo a quien se preste a pintar el
cuadro por amor al arte. Otra vez desvalorizando la cultura, como empieza a ser
costumbre. Optar por cualquiera de estas ocurrentes soluciones supondría refrendar
la cada vez más extendida idea de que el trabajo del artista no vale un
pimiento. Es evidente que la pobreza nos ha vuelto hipersensibles y hasta un
punto histéricos, de modo que saltamos a la mínima y acabamos propinando
patadas al poder en el culo de los inocentes. Y el más inocente de todos, la
cultura.
Publicado en Diario de Navarra el 7 de enero de 2012
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